La Educación Pública, nuestro compromiso

Resolución del Consejo Político Federal de Izquierda Unida del 14 de julio de 2012

En la transición, la educación pública española, a consecuencia de los compromisos de los sucesivos gobiernos con la iglesia católica y con la patronal de la enseñanza, nunca llegó a romper del todo con las tres principales herencias del franquismo: segregación clasista, confesionalidad y un amplísimo sector privado costeado con fondos públicos. No obstante, se lograron importantes avances en el desarrollo de la red pública, con un incremento notable de centros y de profesorado, bajada de ratios de alumnado por aula, ampliación de la edad escolar obligatoria, escolarización casi total desde los 3 años, y mayor acceso a estudios superiores de las capas populares.

Esta línea de conquistas está siendo sistemáticamente atacada desde hace tiempo, en diferentes Comunidades Autónomas, especialmente por los gobiernos del PP, cuya ideología mercantilista y privatizadora (“menos Estado y mas mercado”) quiere convertir la educación en un negocio, poniendo gran parte de los nuevos centros educativos en manos de la enseñanza privada concertada, mayoritariamente católica. Este proceso de privatización, que pretende convertir la escuela pública en subsidiaria de la privada, se ha acentuado de forma exponencial en los últimos años. Y más ahora que, con el pretexto de la crisis, se está aplicando todo un programa sistemático de recortes sociales y de estrangulamiento económico de lo público.

Desde el año 2009 las administraciones educativas han reducido su presupuesto en 4.500 millones, cifra a la que se suma el recorte de un 22% en los PGE de 2012, junto al saqueo adicional de 3.000 millones que el gobierno ha impuesto a las CCAA. A consecuencia de ello, sólo en el curso 2011-2012 se han perdido 11.000 plazas de profesorado y los sindicatos alertan de 100.000 nuevos despidos para el curso 2012-2013. Y ello sin conocer aún cómo van a repercutir las nuevas medidas “recomendadas” por Bruselas, como contrapartida del multimillonario rescate de la banca solicitado por el gobierno.

Los recortes aplicados suponen además la eliminación progresiva de la educación de 0 a 3 años como etapa educativa, la práctica desaparición de la formación permanente del profesorado, la precarización de la función docente (mas horario lectivo, menos retribuciones, sustitución de bajas a partir del décimo día, mayor número de alumnado a cargo de cada docente), la masificación de las aulas (brutal aumento del 20% de la ratio alumnado-aula), junto a una reducción drástica de becas y de la oferta educativa en ESO, Bachillerato, FP y Escuelas de Idiomas, mediante un recorte del 66% en transferencias a las CCAA.

Estos tijeretazos se suman a los que ya han hecho las propias CCAA en años precedentes, reduciendo plantillas, salarios, gastos de funcionamiento de centros, tutorías, desdobles y apoyos, materias optativas, módulos de formación profesional, servicios de orientación o biblioteca, ayudas para adquisición de libros de texto, de comedor y actividades complementarias.

Con estas medidas, no sólo el incremento del fracaso escolar está asegurado, sino que centenares de escuelas públicas serán fusionadas (especialmente en el ámbito rural), para

optimizar el aumento de ratios y la caída de plantillas, mientras que los programas de apoyo y refuerzo serán laminados. Y todo ello a la vez que se han extendido los conciertos educativos, incluso en etapas no obligatorias, y se está subvencionando a familias que optan por centros privados de élite.

A todo esto hay que añadir la asfixia económica de la Universidad pública española, que ha perdido unos 370 millones de euros desde 2010 (algo más del 5%), a lo que se suma el bárbaro recorte en Educación Superior y en I+D+i, a la par que aplican una brutal subida de tasas universitarias, aumentan las horas lectivas del profesorado universitario en un 50%, convierten la docencia en una especie de “castigo” para los no investigadores, expulsan al profesorado asociado por miles e impiden realizar ninguna convocatoria de plazas fijas en las Universidades Públicas.

Por otra parte, con la anunciada reforma educativa, a través de una nueva 'Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Educación', el PP quiere volver a la antigua ley de educación de la época de Aznar, profundizando aún más en este proceso de privatización, segregación y desmantelamiento de la educación pública. Los ejes básicos de su contrarreforma giran en torno a seis principios:

1. Orientar en gran medida la educación obligatoria a preparar mano de obra barata, flexible y polivalente, dotada con los conocimientos instrumentales básicos para acceder a un futuro mercado laboral precario y en constante rotación. Lo que Berlusconi resumió con el lema de las tres “ies”: “Inglese, Internet, Impresa”.

2. Segregar, seleccionar y clasificar cuanto antes al alumnado mediante “itinerarios”. Se adelantan programas de cualificación profesional a partir de 2º de la ESO, con menos de 15 años, empujando a estos programas al alumnado que tenga “situación socioeconómica desfavorable”, equiparando pobreza y poca capacidad para el estudio. Se adelanta también la vía hacia la FP a 3º de la ESO, a través de asignaturas optativas, para que en 4º los itinerarios hacia la FP o el Bachillerato estén "bien diferenciados".

3. Convertir la educación en una carrera constante de obstáculos y superación de pruebas y reválidas al final de cada etapa (Primaria, ESO y Bachillerato), apostando por un modelo de enseñanza basado en la presión del examen, frente a un modelo centrado en las necesidades y motivaciones del alumnado. Es lo que el PP entiende por “cultura del esfuerzo” y “modelo meritocrático”.

4. Someter los centros educativos a las exigencias del mercado, especialmente a la competitividad, estableciendo pruebas externas a nivel nacional, para que los “clientes” puedan comparar el rendimiento de los centros (mediante una clasificación en rankings pública) y puedan elegir aquellos que más ventajas competitivas les aporten a sus hijos e hijas en el futuro mercado laboral. Las escuelas así procurarán hacerse más selectivas, huyendo del alumnado que presente mayores dificultades y que pueda hacer descender sus resultados y su posición en el mercado educativo.

5. Gestionar los centros públicos según el modelo de la empresa privada, mediante una mayor autonomía financiera que requiera de fuentes de financiación privadas ante la insuficiencia de la financiación pública. A ello se añade la especialización de los centros para ofrecer una oferta competitiva y especializada a la clientela; así como la “profesionalización” de la dirección, como gerentes especializados en gestión empresarial y de recursos humanos.

6. Se complementa con la filosofía del ‘pago por resultados’. Se trata de aplicar refuerzos e incentivos a los centros públicos, no ya en función de las necesidades del centro y de su alumnado, sino de acuerdo con los resultados que obtienen a través de la rendición de cuentas.

Ante una contrarreforma de semejante calado, que pretende imponer un modelo educativo totalmente alejado de su carácter de servicio público universal, hacemos un llamamiento urgente a toda Izquierda Unida para poner en marcha un amplio proceso de movilización permanente en las instituciones (parlamentos nacionales y autonómicos, ayuntamientos…) y sobre todo en la calle, junto con las propias comunidades educativas de los diferentes territorios, mediante el impulso de plataformas en defensa de la educación pública en todos los ámbitos posibles. Debemos trabajar para aunar esfuerzos y compartir iniciativas contra las políticas educativas del PP, que suponen el ataque más grave a la educación pública desde la transición, que nos retrotrae al modelo de escuela decimonónica y que, con la excusa de la crisis, pretende convertir la educación pública en una red subsidiaria y asistencial, dirigida a los sectores más desfavorecidos y con mayores dificultades de aprendizaje.

Por eso, ahora más que nunca, es necesario que las Áreas de Educación de las distintas federaciones de IU, los cargos públicos de Comunidades Autónomas y Ayuntamientos responsables de esta área, junto a toda la organización, desarrollen foros, encuentros, jornadas y cuantas acciones estén a su alcance para impulsar movilizaciones, en confluencia con toda la comunidad educativa, incluida la universitaria, al objeto de articular un amplio espacio de unión en la defensa de lo público como garante de derechos sociales fundamentales, que están siendo acelerada y sistemáticamente atacados. Y de manera especial, en defensa de un modelo de educación pública al que no estamos dispuestos a renunciar:

Defendemos una educación pública gratuita y laica, inclusiva, democrática, coeducadora y de calidad con equidad; una educación pública para todas y todos, como única garante del derecho universal a la educación en condiciones de igualdad, que asegura la igualdad de derechos y la convivencia democrática de personas de distintas procedencias socio-culturales; y por ello, la que mejor contribuye a la equidad y a la cohesión social.

Exigimos una educación pública desde los 0 años, de titularidad y gestión pública, que permita atender las necesidades educativas del conjunto de la población, y con la calidad suficiente para asegurar el derecho a aprender con éxito de todo el alumnado. Que reduzca y no incremente el número de estudiantes por grupo y por profesor; que potencie y no suprima la acción tutorial; que dote de servicios de orientación a todos los centros públicos de Infantil, Primaria y Secundaria; que incorpore nuevos perfiles profesionales, como educadores y trabajadores sociales, mediadores interculturales, etc.; que garantice un sistema integral de becas y ayudas al estudio, así como la gratuidad de los libros o materiales didácticos y de los comedores escolares; que establezca comisiones de escolarización permanentes y centralizadas, para evitar la selección del alumnado por los centros. Pero también que destierre toda forma de adoctrinamiento, empezando por sacar las enseñanzas confesionales del currículo y la simbología religiosa de todos los centros financiados con fondos públicos.

Defendemos una educación que apoye y motive al profesorado, no que le desacredite, negociando un Estatuto de la función pública docente que mejore sus condiciones laborales, que recoja como dedicación lectiva las tareas y funciones que hoy demanda el sistema educativo, configurando claustros estables y estableciendo un cuerpo único del profesorado. Defendemos una formación inicial que combine teoría con práctica en los centros educativos, tutorizada por profesorado cualificado durante todo el proceso, y una formación permanente en horario laboral que fomente su autoridad profesional mediante la adquisición de estrategias de diálogo y de negociación para resolver conflictos.

Todo esto es imposible con los brutales recortes educativos a nivel estatal y autonómico que se vienen imponiendo. Exigimos que nuestros impuestos no se destinen a rescatar bancos ni a comprar armamento o a financiar a la iglesia católica, sino que se dediquen en la cuantía necesaria a financiar los servicios públicos fundamentales, y muy en concreto la Educación Pública, mediante una Ley de Financiación del Sistema Público Educativo que garantice la suficiencia de recursos, hasta alcanzar el 7% de PIB en gasto público en educación, para hacer realidad la mejora de la enseñanza pública y el derecho universal a una educación de calidad en condiciones de igualdad. Nos jugamos el futuro de nuestros hijos e hijas, y el de la sociedad en su conjunto.

Julio de 2012

ÁREA FEDERAL DE EDUCACIÓN DE IZQUIERDA UNIDA