Una colaboración de Caridad Cano Joaquín, doctora en Filosofía, para el
Colectivo Puente Madera*
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| Aleksandra Kolontái |
Si
realizamos un recorrido por el pasado más inmediato (año 2014) hasta la
actualidad, podemos comprobar que las condiciones de vida de las mujeres siguen
siendo claramente desiguales respecto a los hombres. Al desgranar algunos
datos, podemos observar esta realidad; veamos:
En
el medio laboral, la brecha salarial se sitúa en un 17%, siendo un 5% más en
las mujeres con hijos/as, según el último informe
de la OIT. Este último dato, aporta otro elemento de discriminación
femenina altamente preocupante: el hecho de la maternidad. El mencionado
informe, recoge que esta discriminación es menor si se tienen hijas en vez de
hijos: las hijas ayudan en el trabajo del hogar de forma que la madre puede
liberarse del mismo para trabajar más horas fuera de él. Todo ello se une a un
menor acceso al empleo (la diferencia de la tasa de empleo entre hombres y
mujeres es del 9,6%).
Otro aspecto
importante en el ámbito laboral es la cuestión de la conciliación familiar, ya
que a pesar de las transformaciones que se han producido en nuestra sociedad
(mayor incorporación femenina al trabajo remunerado, elevadas tasas de
formación académica, etc.) no ha conllevado cambios en este sentido: son ellas
las que concilian. Todo ello sin olvidar el desmantelamiento
de los servicios públicos (sanidad, educación, servicios sociales), lo cual
incide de forma directa para poder superar esta situación de desigualdad que
sufrimos las mujeres; la reducción presupuestaria en el caso concreto de la ley
de Dependencia y dado que los cuidados a las personas dependientes son
realizados mayoritariamente por la población femenina, supone un claro
obstáculo para la plena incorporación de las mujeres a los diferentes ámbitos
públicos de la sociedad.
Conviene
señalar también otros elementos regresivos que se han dado recientemente por
parte del gobierno del PP y que desde una gran parte del ámbito feminista, han
sido fuertemente contestados.
Por un lado el
Anteproyecto
de Ley para imponer la custodia compartida de forma preferente y que
permite a los maltratadores acceder a la guarda y custodia de sus hijos/as, así
como obtener un régimen de visitas. En este sentido, las organizaciones de
mujeres advierten que la custodia compartida que no se realiza de mutuo acuerdo
entre los progenitores, sólo conlleva graves perjuicios para el/la menor. En cuanto
a que los maltradores disfruten de los derechos mencionados anteriormente, participo
de las palabras de esas organizaciones, que en mi opinión, lo dicen todo: “un
maltratador nunca puede ser un buen padre”; aunque en este caso, el
ministro reculó y dijo que cuando fuesen maltratadores condenados no se aplicaría
este derecho, todas y todos sabemos el tiempo que pasa hasta que hay una
sentencia firme. La impresión que se tiene desde las asociaciones que luchan
por la defensa de los derechos de las mujeres, es que este Gobierno está
legislando en función de las peticiones de una minoría de padres separados.
Por otro lado
y finalmente, no podemos olvidar la reforma iniciada por el Gobierno para eliminar
el derecho de las jóvenes de entre de 16 y 18 años a poder decidir
libremente sobre su maternidad. Siguen restando derechos a las mujeres.
En
definitiva, la lucha por el reforzamiento de los servicios públicos así como la
obtención de una legislación que sea efectiva (y no sólo formal) en la garantía
de los derechos de las mujeres, pueden ser los pilares esenciales para obtener
una igualdad real entre ambos sexos.
Una colaboración de Caridad Cano
Joaquín. Doctora en Filosofía.
*El Colectivo Puente Madera son: Enrique
Cerro, Esteban Ortiz, Elías Rovira y Javier Sánchez.
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