Érase
un país donde la autoridad incompetente reprimía brutalmente las expresiones
libres de sus ciudadanos, que se manifestaban en
contra de los recortes de sus derechos sociales y realizaban huelgas para expresar
el profundo retroceso en su dramática
situación laboral. Era algo esperpéntico, llegando al extremo que
algunos componentes de los piquetes informativos eran sentenciados a tres
años y un día de prisión, por unos tribunales que inexplicablemente
impartían algo llamado justicia, sin que nosotros y muchísima gente pudiéramos
considerarla como tal. Se había perdido totalmente el norte en la clase
política gobernante y en algunos miembros de la carrera fiscal y judicial, que
bajo presiones o extraños intereses estaban persiguiendo a los de abajo.
No
crean que lo anterior ha ocurrido en épocas pasadas y en dictaduras de fuera de
nuestras fronteras. Ni mucho menos. Es en la actualidad y en España. Hablamos
de represión, persecución y algo muy grave como es el encarcelamiento
por protestar en defensa de lo que nos arrebatan día a día, con el silencio
y ocultamiento de algunos medios
de comunicación de esta vergonzante situación.
Mientras,
en Españistán se
quiere aforar y dar privilegios, por encima de la ley, a los monarcas
salientes. El PP quiere apresuradamente blindar indefinidamente a Sofía y Juan
Carlos, haciendo caso omiso a la tan cacareada máxima que “la justicia es igual para
todos”. ¡Y un pijo!, con perdón. Los hechos hablan por sí solos, pues los
tres años y un día de cárcel para Carlos y Carmen parecen fuera de todo lugar,
así en pleno siglo XXI tendremos “presos políticos” por luchar en la defensa de
los derechos de los trabajadores y trabajadoras, y la sangre azul estará por
encima del bien y del mal, fuera de control y amasando
fortunas desconocidas. Asombroso e inexplicable.
El
caso de Carlos y Carmen no es un caso aislado, ni mucho menos. También están los
8 de Airbus para los que el fiscal pide 8 años de cárcel, están Tamara
y Ana condenadas a 3 años de prisión, Katiana
Vicens a la que se le piden 4 años de encarcelamiento y así hasta más de 60
procesos abiertos contra más de 200 sindicalistas. No salimos de nuestra
sorpresa como se persigue con máxima celeridad a los que defienden a la clase
trabajadora, llevándoles una temporada larga entre rejas, para que sean
decisiones ejemplarizantes y que no cunda la legítima protesta. Esto no tiene
comparación con la lentitud y la pasividad con que la justicia actúa con los
delincuentes de guante blanco. Nada que ver con las leves condenas que se
imponen a los corruptos y a los delincuentes económicos, a pesar de que estos
sí que siembran alarma social entre la ciudadanía. Algo falla en nuestra
justicia cuando se deja libre a los miembros de un Consejo
de administración de una antigua Caja de ahorros por el simple hecho de
devolver una suculenta pensión millonaria ilegal y por otro lado estas
entidades usureras siguen
practicando desahucios a gente humilde que no pueden renegociar su
hipoteca.
La
mal llamada Transición
ha quedado al descubierto con las mentiras vendidas una y mil veces. Ya no
nos sirve este paripé. Es tiempo de seguir reclamando en las calles por
nuestros derechos, por otra justicia, por la defensa de lo público, por lo que
nos corresponde. Es tiempo de ruptura, de luchar contra esta maldita represión
y que se realice un proceso
constituyente de esperanza, en donde la mayoría de la población se sienta
protegida y reconocida. Otra justicia es posible, pero tendremos que
construirla entre todas y todos con auténtica determinación.
*El Colectivo Puente
Madera está formado por Enrique Cerro, Esteban Ortiz, Elías Rovira y Javier
Sánchez
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