*Colectivo Puente
Madera
El austericidio propugnado y
diseñado por la Troika (FMI, BCE y la
Comisión Europea), llevado hasta sus últimas consecuencias por Mariano Rajoy y
su fiel escudera, Loli de Cospedal, nos está llevando a un precipicio
social de difícil salida.
En nuestras últimas reflexiones, en voz alta y con letra gruesa, nos hemos centrado
en la defensa de la Sanidad y de la Educación Pública, como pilares
fundamentales para el progreso de la ciudadanía, que día a día son presa de
bocados privatizadores, auspiciados por las malas políticas del PP, para
beneficio de unos pocos amiguetes. Pero en nuestro artículo de hoy nos vamos a centrar en la tercera pata del
estado del “medioestar” (porque nunca se completó el bienestar del 99% de la
población), en el Sistema Público de los Servicios Sociales que va camino del
más deplorable exterminio.
En las últimas semanas hemos podido leer noticias tales
como que la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, con el consejero José
Ignacio Echániz a la cabeza, mantiene cerradas más de 400 plazas en las
residencias y centros públicos de asistencia a mayores, pese a que la
demanda y las listas de espera no dejan de crecer. Además, nuestra comunidad se
encuentra entre las 8 comunidades autónomas con mayor porcentaje de dependientes
en lista de espera, un 22,88%.
También ha saltado a la prensa que los recortes que
nuestra presidenta, Mª Dolores de Cospedal, está realizando sin cesar en
nuestra comunidad van a dejar desatendidas
a 2500 personas con discapacidad y van a forzar el despido de 106 trabajadores.
Y esto se debe a que COCEMFE Castilla La Mancha echa el cierre tras reducir el
gobierno las subvenciones para esta entidad.
A su vez, hemos podido saber que Silvia Valmaña,
Directora de General de Familia, Menores y Protección Social de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, invita a los ayuntamientos a despedir a
parte de sus trabajadores de Servicios Sociales porque considera que el número
de profesionales que tienen contratados se encuentra por encima de la ratio que
contempla la Junta. Esto supondrá el despido de algo más de un centenar de
trabajadores, de los 580 que quedan actualmente. Estos despidos se sumarán a
los más de 2000
que se han producido desde la llegada de Cospedal al gobierno regional.
Y como guinda del pastel, la aprobación de la Ley
27/2013 de 27 de diciembre de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local supondrá la reducción de los Servicios Sociales a su
mínima expresión. En esta nueva ley no se menciona el Sistema de Servicios
Sociales como competencia propia de las corporaciones locales, como venía
siendo hasta ahora.
Con esta ley se disparan todas las alarmas. Se está
intentando dibujar un estado asistencial basado en la beneficencia y caridad, y
no en el reconocimiento de derechos sociales. Un estado en el que los derechos
sociales de la ciudadanía quedan desdibujados por la imposición de políticas
públicas alejadas del ciudadano. Las personas y familias quedan en manos de
unas administraciones (diputaciones y comunidades autónomas) que no conocen ni
su realidad ni sus necesidades. Estar a merced de la sensibilidad de algunos
gestores públicos es un suicidio.
El
desmantelamiento del sistema de servicios sociales de atención primaria y
comunitaria no tiene sentido, ni desde el punto de vista de la rentabilidad
económica ni de la cohesión social. Se están arrebatando a los ayuntamientos
todas sus partidas sociales. Es un asalto: la desprotección de los ciudadanos
está servida. Podemos ver claramente cómo el reparto del dinero público depende
del interés que tengan los que están al frente del gobierno.
No
es el momento de desmantelar lo poco que queda del sistema público de
servicios sociales, porque es ahora, precisamente, cuando más gente necesita de
los mismos. El panorama es absolutamente desolador, ya que los Servicios
Sociales son el último recurso para un número cada vez mayor de personas y
familias.
Dolorosamente,
estamos asistiendo a un retorno en el tiempo, a una vuelta a la beneficencia y
caridad del siglo XIX, a distinguir entre clases sociales, entre los que tienen
y los que no tienen recursos. Esta involución se ve plasmada en unas leyes que
están subastando todo lo público.
@CPuenteMaderaAB
*El colectivo quiere
agradecer la imprescindible colaboración de Belén Requena para la elaboración
de este artículo.
*El
Colectivo Puente Madera está formado por Enrique Cerro, Esteban Ortiz, Elías
Rovira y Javier Sánchez
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