Resolución
del Consejo Político Federal de Izquierda Unida del 14 de julio de 2012
En
la transición, la educación pública española, a consecuencia de los compromisos
de los sucesivos gobiernos con la iglesia católica y con la patronal de la
enseñanza, nunca llegó a romper del todo con las tres principales herencias del
franquismo: segregación clasista, confesionalidad y un amplísimo sector privado
costeado con fondos públicos. No obstante, se lograron importantes avances en
el desarrollo de la red pública, con un incremento notable de centros y de
profesorado, bajada de ratios de alumnado por aula, ampliación de la edad
escolar obligatoria, escolarización casi total desde los 3 años, y mayor acceso
a estudios superiores de las capas populares.
Esta
línea de conquistas está siendo sistemáticamente atacada desde hace tiempo,
en diferentes Comunidades Autónomas, especialmente por los gobiernos del PP,
cuya ideología mercantilista y privatizadora (“menos Estado y mas mercado”)
quiere convertir la educación en un negocio, poniendo gran parte de los nuevos
centros educativos en manos de la enseñanza privada concertada,
mayoritariamente católica. Este proceso de privatización, que pretende
convertir la escuela pública en subsidiaria de la privada, se ha acentuado de
forma exponencial en los últimos años. Y más ahora que, con el pretexto de la
crisis, se está aplicando todo un programa sistemático de recortes sociales y
de estrangulamiento económico de lo público.
Desde
el año 2009 las administraciones educativas han reducido su presupuesto en
4.500 millones, cifra a la que se suma el recorte de un 22% en los PGE de 2012,
junto al saqueo adicional de 3.000 millones que el gobierno ha impuesto a las
CCAA. A consecuencia de ello, sólo en el curso 2011-2012 se han perdido 11.000
plazas de profesorado y los sindicatos alertan de 100.000 nuevos despidos para
el curso 2012-2013. Y ello sin conocer aún cómo van a repercutir las nuevas
medidas “recomendadas” por Bruselas, como contrapartida del multimillonario
rescate de la banca solicitado por el gobierno.
Los recortes
aplicados suponen además la eliminación progresiva de la educación de 0 a 3
años como etapa educativa, la práctica desaparición de la formación permanente
del profesorado, la precarización de la función docente (mas horario lectivo,
menos retribuciones, sustitución de bajas a partir del décimo día, mayor número
de alumnado a cargo de cada docente), la masificación de las aulas (brutal
aumento del 20% de la ratio alumnado-aula), junto a una reducción drástica de
becas y de la oferta educativa en ESO, Bachillerato, FP y Escuelas de Idiomas,
mediante un recorte del 66% en transferencias a las CCAA.
Estos
tijeretazos se suman a los que ya han hecho las propias CCAA en años
precedentes, reduciendo plantillas, salarios, gastos de funcionamiento de
centros, tutorías, desdobles y apoyos, materias optativas, módulos de formación
profesional, servicios de orientación o biblioteca, ayudas para adquisición de
libros de texto, de comedor y actividades complementarias.
Con
estas medidas, no sólo el incremento del fracaso escolar está asegurado, sino
que centenares de escuelas públicas serán fusionadas (especialmente en el
ámbito rural), para
optimizar el
aumento de ratios y la caída de plantillas, mientras que los programas de apoyo
y refuerzo serán laminados. Y todo ello a la vez que se han extendido los
conciertos educativos, incluso en etapas no obligatorias, y se está
subvencionando a familias que optan por centros privados de élite.
A
todo esto hay que añadir la asfixia económica de la Universidad pública
española, que ha perdido unos 370 millones de euros desde 2010 (algo más del
5%), a lo que se suma el bárbaro recorte en Educación Superior y en I+D+i, a la
par que aplican una brutal subida de tasas universitarias, aumentan las horas
lectivas del profesorado universitario en un 50%, convierten la docencia en una
especie de “castigo” para los no investigadores, expulsan al profesorado
asociado por miles e impiden realizar ninguna convocatoria de plazas fijas en
las Universidades Públicas.
Por
otra parte, con la anunciada reforma educativa, a través de una nueva 'Ley
Orgánica de Mejora de la Calidad de la Educación', el PP quiere volver a la
antigua ley de educación de la época de Aznar, profundizando aún más en este
proceso de privatización, segregación y desmantelamiento de la educación
pública. Los ejes básicos de su contrarreforma giran en torno a seis
principios:
1. Orientar en gran medida la educación obligatoria a
preparar mano de obra barata, flexible y polivalente, dotada con los
conocimientos instrumentales básicos para acceder a un futuro mercado laboral
precario y en constante rotación. Lo que Berlusconi resumió con el lema de las
tres “ies”: “Inglese, Internet, Impresa”.
2. Segregar, seleccionar y clasificar cuanto antes al
alumnado mediante “itinerarios”. Se adelantan programas de cualificación
profesional a partir de 2º de la ESO, con menos de 15 años, empujando a estos
programas al alumnado que tenga “situación socioeconómica desfavorable”,
equiparando pobreza y poca capacidad para el estudio. Se adelanta también la
vía hacia la FP a 3º de la ESO, a través de asignaturas optativas, para que en
4º los itinerarios hacia la FP o el Bachillerato estén "bien diferenciados".
3. Convertir la educación en una carrera constante de
obstáculos y superación de pruebas y reválidas al final de cada etapa
(Primaria, ESO y Bachillerato), apostando por un modelo de enseñanza basado en
la presión del examen, frente a un modelo centrado en las necesidades y
motivaciones del alumnado. Es lo que el PP entiende por “cultura del esfuerzo”
y “modelo meritocrático”.
4. Someter los centros educativos a las exigencias del
mercado, especialmente a la competitividad, estableciendo pruebas externas a
nivel nacional, para que los “clientes” puedan comparar el rendimiento de
los centros (mediante una clasificación en rankings pública) y puedan elegir
aquellos que más ventajas competitivas les aporten a sus hijos e hijas en el
futuro mercado laboral. Las escuelas así procurarán hacerse más selectivas,
huyendo del alumnado que presente mayores dificultades y que pueda hacer
descender sus resultados y su posición en el mercado educativo.
5.
Gestionar los centros públicos según el modelo de la empresa privada, mediante
una mayor autonomía financiera que requiera de fuentes de financiación privadas
ante la insuficiencia de la financiación pública. A ello se añade la
especialización de los centros para ofrecer una oferta competitiva y
especializada a la clientela; así como la “profesionalización” de la dirección,
como gerentes especializados en gestión empresarial y de recursos humanos.
6.
Se complementa con la filosofía del ‘pago por resultados’. Se trata de aplicar
refuerzos e incentivos a los centros públicos, no ya en función de las
necesidades del centro y de su alumnado, sino de acuerdo con los resultados que
obtienen a través de la rendición de cuentas.
Ante
una contrarreforma de semejante calado, que pretende imponer un modelo
educativo totalmente alejado de su carácter de servicio público universal,
hacemos un llamamiento urgente a toda Izquierda Unida para poner en
marcha un amplio proceso de movilización permanente en las instituciones
(parlamentos nacionales y autonómicos, ayuntamientos…) y sobre todo en la
calle, junto con las propias comunidades educativas de los diferentes
territorios, mediante el impulso de plataformas en defensa de la educación
pública en todos los ámbitos posibles. Debemos trabajar para aunar esfuerzos y
compartir iniciativas contra las políticas educativas del PP, que suponen el
ataque más grave a la educación pública desde la transición, que nos retrotrae
al modelo de escuela decimonónica y que, con la excusa de la crisis, pretende
convertir la educación pública en una red subsidiaria y asistencial, dirigida a
los sectores más desfavorecidos y con mayores dificultades de aprendizaje.
Por
eso, ahora más que nunca, es necesario que las Áreas de Educación de las
distintas federaciones de IU, los cargos públicos de Comunidades Autónomas y
Ayuntamientos responsables de esta área, junto a toda la organización,
desarrollen foros, encuentros, jornadas y cuantas acciones estén a su alcance
para impulsar movilizaciones, en confluencia con toda la comunidad educativa,
incluida la universitaria, al objeto de articular un amplio espacio de unión en
la defensa de lo público como garante de derechos sociales fundamentales, que
están siendo acelerada y sistemáticamente atacados. Y de manera especial, en
defensa de un modelo de educación pública al que no estamos dispuestos a
renunciar:
Defendemos una educación pública gratuita y laica,
inclusiva, democrática, coeducadora y de calidad con equidad; una educación
pública para todas y todos, como única garante del derecho universal a la educación
en condiciones de igualdad, que asegura la igualdad de derechos y la
convivencia democrática de personas de distintas procedencias socio-culturales;
y por ello, la que mejor contribuye a la equidad y a la cohesión social.
Exigimos
una educación pública desde los 0 años, de titularidad y gestión pública, que
permita atender las necesidades educativas del conjunto de la población, y con
la calidad suficiente para asegurar el derecho a aprender con éxito de todo el
alumnado. Que reduzca y no incremente el número de estudiantes por grupo y por
profesor; que potencie y no suprima la acción tutorial; que dote de servicios
de orientación a todos los centros públicos de Infantil, Primaria y Secundaria;
que incorpore nuevos perfiles profesionales, como educadores y trabajadores
sociales, mediadores interculturales, etc.; que garantice un sistema integral
de becas y ayudas al estudio, así como la gratuidad de los libros o materiales
didácticos y de los comedores escolares; que establezca comisiones de escolarización
permanentes y centralizadas, para evitar la selección del alumnado por los
centros. Pero también que destierre toda forma de adoctrinamiento, empezando
por sacar las enseñanzas confesionales del currículo y la simbología religiosa
de todos los centros financiados con fondos públicos.
Defendemos
una educación que apoye y motive al profesorado, no que le desacredite,
negociando un Estatuto de la función pública docente que mejore sus condiciones
laborales, que recoja como dedicación lectiva las tareas y funciones que hoy
demanda el sistema educativo, configurando claustros estables y estableciendo
un cuerpo único del profesorado. Defendemos una formación inicial que combine
teoría con práctica en los centros educativos, tutorizada por profesorado
cualificado durante todo el proceso, y una formación permanente en horario
laboral que fomente su autoridad profesional mediante la adquisición de
estrategias de diálogo y de negociación para resolver conflictos.
Todo
esto es imposible con los brutales recortes educativos a nivel estatal y
autonómico que se vienen imponiendo. Exigimos que nuestros impuestos no se
destinen a rescatar bancos ni a comprar armamento o a financiar a la iglesia
católica, sino que se dediquen en la cuantía necesaria a financiar los
servicios públicos fundamentales, y muy en concreto la Educación Pública,
mediante una Ley de Financiación del Sistema Público Educativo que garantice la
suficiencia de recursos, hasta alcanzar el 7% de PIB en gasto público en educación,
para hacer realidad la mejora de la enseñanza pública y el derecho universal a
una educación de calidad en condiciones de igualdad. Nos jugamos el futuro de
nuestros hijos e hijas, y el de la sociedad en su conjunto.
Julio de 2012
ÁREA FEDERAL DE
EDUCACIÓN DE IZQUIERDA UNIDA
